Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta de México, lideró la ceremonia de inauguración del nuevo Hospital General del IMSS Bienestar en Jiutepec, Morelos. Esta obra, que tuvo un costo de 715 millones de pesos, proporcionará atención médica a más de 200 mil personas de la localidad.

En su discurso durante la inauguración, la mandataria federal enfatizó que el acceso a servicios de salud debe ser considerado un derecho y no un privilegio que dependa de la situación económica de los individuos.

“¿Por qué lo hacemos? Porque concebimos que el acceso a la salud es un derecho. Nosotros creemos que si a alguien no le alcanza para un medicamento, entonces la salud se convierte en un privilegio. El gobierno tiene una obligación y es darle salud a todas y todos los mexicanos, la mejor atención posible”, afirmó.

Este nuevo hospital está equipado con 66 camas, 18 consultorios, tres quirófanos y un quirófano inteligente, lo que le permite operar como una unidad de mediana complejidad apta para llevar a cabo procedimientos quirúrgicos especializados. La infraestructura tiene como objetivo mejorar la atención médica pública en la zona metropolitana de Cuernavaca, especialmente en Jiutepec, que es uno de los municipios con la mayor densidad industrial y de trabajadores en Morelos.

Dentro del marco del Plan Nacional de Infraestructura Hospitalaria, Sheinbaum recordó que se han terminado ya 29 hospitales en diferentes estados del país. Asimismo, el programa incluye la edificación de infraestructuras adicionales que añadirán 9 mil 139 camas al sistema de salud pública.

El IMSS Bienestar, la entidad responsable de atender a quienes no cuentan con seguridad social, forma parte de la estrategia nacional para expandir la cobertura médica gratuita. En este contexto, el hospital de Jiutepec fortalecerá la red de servicios existentes en Morelos, donde la demanda de atención médica pública es elevada debido a la alta densidad poblacional de la región.

La presidenta hizo hincapié en que la edificación de hospitales y el reforzamiento de la infraestructura sanitaria son deberes del Estado y no un favor político, al considerar que ofrecer servicios médicos dignos es una responsabilidad pública esencial.